Leo en diferentes medios de comunicación (El País, ABC, Diario de León y Terra) que el Gobierno, a través de su Consejo de Ministros ha aprobado por medio de un Real Decreto la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica que tendrá su sede en Salamanca y que se integrará y complementará el Archivo de la Guerra Civil.
Un espacio documental «de primer rango nacional e internacional» que concentrará «la mayor representación de lo ocurrido en España de 1936 a 1978», gracias al «mayor fondo bibliográfico y archivístico» de esta naturaleza, explicó Caldera.
El ministro indicó que el centro aglutinará fondos documentales adquiridos o donados y además custodiará colecciones de documentos de otros archivos de la Administración General del Estado. En total, el Centro albergará 45 kilómetros lineales de documentos, cinco veces más que el actual Archivo de la Guerra Civil.
Para ello, será necesario incrementar la plantilla actual pasando de 36 empleados a 60 personas cualificadas, así como el espacio.
La gestión y titularidad serán estatales, dependerá orgánica y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos Estatales de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Y el director del Centro será nombrado por la Ministra de Cultura a propuesta del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Entre sus objetivos estarán los de reunir y recuperar todos los fondos documentales en cualquier soporte relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, para que, tras su estudio y catalogación, estén a disposición de los interesados, investigadores y de los ciudadanos en general.
Las funciones de la nueva institución serán mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil; recuperar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la Transición.
El Patronato actuará como su órgano gestor, estará presidido, además por la Ministra de Cultura y contará con un vicepresidente, elegido por el pleno por un periodo de tres años entre los vocales designados por el Ministerio de Cultura. Contará, además con seis vocales natos, entre los que estarán un representante de la Junta de Castilla y León; el alcalde de Salamanca; el subsecretario del Ministerio de Cultura; el rector de la Universidad de Salamanca; el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, y el subdirector general de los Archivos Estatales. Asimismo, tendrá 10 vocales designados por el Ministerio de Cultura entre personalidades relevantes en el ámbito de los archivos y de la investigación histórica.
El nuevo centro mantendrá como edificio fundamental el Colegio de San Ambrosio, sede del actual Archivo General de la Guerra Civil, al que se sumará el antiguo edificio de la Audiencia Provincial, situado en la Gran Vía, a la espera de que pueda completarse la expropiación del Palacio de Orellana, de titularidad privada, propiedad de la familia «œPérez herraste» y que se encuentra pendiente de los tribunales desde hace más de dos años.
Algunos problemas
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, garantizó ayer en Salamanca que el Gobierno ‘continuará adelante con el proceso de expropiación y ese palacio será de titularidad pública’ «con todas las consecuencias».. Por el momento, el tribunal de arbitraje ha fijado un justiprecio para la expropiación en «œ29 millones de euros», cantidad recurrida por el Ministerio de Cultura por ‘lesividad para los intereses generales del Estado’.
Respecto a las sedes del futuro Centro de la Memoria, Caldera explicó que el «patrimonio público» se enriquecerá al servicio de todos los ciudadanos con la expropiación de Orellana, una actuación avalada por el Tribunal Supremo, que ha contemplado la «dejadez» en la que los propietarios mantenían el inmueble. La operación culminará cuando la Administración de Justicia determine el precio a pagar por el inmueble, después de considerar que la cantidad marcada por los propietarios, «œ29 millones de Euros», era lesiva para los intereses públicos.
El Ministro de Trabajo atribuyó parte del retraso en la puesta en marcha del Centro de la Memoria a los «obstáculos» puestos «por el PP» para que el Gobierno pudiese hacerse con esta sede. Así, consideró que la actitud mantenida por los propietarios «no es inocente» y que de no haber sido por ello «ya se habría iniciado el centro».
A la espera de lo que ocurra con Orellana, el Centro de la Memoria contará con un presupuesto de nueve millones de euros para su puesta en funcionamiento, destinados a la adquisición de material y a las obras de rehabilitación de la sede de la antigua Audiencia Provincial.
«El proyecto, -según explicó en Salamanca el Ministro de Trabajo-, tiene una clara orientación de mantenimiento de nuestra memoria histórica con el ánimo de no olvidar y de mantener los testimonios de nuestro pasado con el objetivo de que no vuelvan a repetirse aquellos luctuosos hechos».
Nuevos fondos
El futuro Centro Documental de la Memoria Histórica contará con nuevos fondos, «unos 45 kilómetros lineales de documentos más que se incorporarán en los próximos años, es decir, cinco veces más de lo que actualmente existe en el Colegio de San Ambrosio», concluyó Caldera.
Los actuales fondos del Archivo de la Guerra Civil se verán incrementados con adquisiciones procedentes de nuestro país y de otros, principalmente de Francia, Rusia y México, que serán en una parte originales y en otra copias digitalizadas.
Caldera, como ya había señalado la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacó que el Centro de la Memoria ‘aspira a convertirse en referente para los estudiosos de la Guerra Civil y la Transición en todo el mundo’.
El Ministro detalló que las obras ‘comenzarán de inmediato’, una vez que el Ministerio de Justicia y el de Economía acuerden una nueva sede para los servicios de la Audiencia que todavía permanecían en la Gran Vía.
Asimismo aseguró que el traslado puede llevarse a cabo antes de julio y las obras estarán en marcha a la vuelta del verano.