El sábado, 23 apareció la Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas (LEY 10/2007, de 22 de junio de 2007) en el BOE. El Congreso aprobó finalmente el proyecto. Que contempla entre otras la:
- Inclusión del canon por préstamo bibliotecario.
- La regulación del canon por préstamo bibliotecario, con un gravamen fijado en 0.20 euros por libro y que se establece en cumplimiento con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha condenado a España a una multa de 300.000 euros diarios por eximir a todas las bibliotecas públicas de este pago.
Desde aquí, lamentamos al igual que ANABAD-CLM, que no se hayan atendido las alegaciones presentadas por los profesionales a través de FESABID y que desde el Gobierno se hable de un consenso entre los agentes sociales implicados que, en realidad, nunca ha existido.
Reproduzco un escrito de Antonio Casado (presidente de la Unión Territorial de Castilla-La Mancha de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD-CLM) con el que estoy de acuerdo:
«No podemos dejar de lamentar las prisas con las que el Congreso ha dado salida al asunto tras haberlo recibido del Senado, haciendo caso omiso a casi todas las Alegaciones de los Profesionales de las Bibliotecas y metiendo en el mismo saco temas tan dispares como la promoción de la Lectura, la promoción de los autores y de la Industria del Libro, su régimen jurídico, su régimen sancionador y «“en el capítulo quinto- las bibliotecas.
Es decir, que lo que pomposamente se llama Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas es en realidad una Ley del Libro, que sustituye a la actual de 1975, con sólo CUATRO artículos sobre bibliotecas: el 12 (Misión, principios y valores de las bibliotecas), el 13 (Bibliotecas Públicas), el 14 (El Sistema Español de Bibliotecas) y el 15 (La cooperación bibliotecaria). Y surge el siguiente planteamiento: Si lo que el Gobierno quería era ampliar la definición de libro antes existente, su precio, sus condiciones de venta y su régimen administrativo y sancionador, ante las
presiones de los grandes grupos editoriales y de las sociedades de autores y editores, ¿por qué no han hecho una nueva Ley del Libro, sin más, o reformado la anterior, dejando un tema tan complejo como los centros documentales para una nueva e independiente Ley de las Bibliotecas y la Coordinación Bibliotecaria?.
Además el Artículo 14 redefine el Sistema Español de Bibliotecas con una ambigüedad lamentable: ¿Hemos de entender que las Bibliotecas de los Ministerios, de las Universidades y de las Reales Academias ya no forman parte del SEB? ¿Hemos de entender que la Biblioteca Nacional ya no es la
biblioteca cabecera del sistema? Y si lo sigue siendo ¿por qué no lo pone?. ¿Es que el Estado se inhibe de ejercer sus competencias, sin perjuicio de las que correspondan en sus respectivos ámbitos a las Comunidades Autónomas?.
Al menos se prevé la incorporación de una representación de las asociaciones profesionales (eso sí, sin voto) en el futuro Consejo de Cooperación Bibliotecaria. De Cooperación, no de Coordinación, ya que establece los vínculos que «œcon carácter voluntario» se establezcan entre las diferentes
administraciones ¿Tanto miedo le da al Gobierno Central regular la Coordinación Bibliotecaria a nivel estatal y el Sistema Español de Bibliotecas?.
Y por último, eso sí, se obliga a las bibliotecas a remunerar «œa los autores» por los préstamos que [las bibliotecas] realicen de sus obras. Pero nuestros gobernantes continúan declarando que el ciudadano no ha de preocuparse, que no le va a tocar pagar nada, como si los presupuestos públicos no fuesen dinero del ciudadano. Es lamentable que se banalice de este modo un Servicio Público y un derecho básico del ciudadano de primera categoría, como es el Derecho a la Lectura y al Acceso a la Información.
Los editores y entidades de gestión estarán satisfechos. Pero los bibliotecarios hemos perdido la ocasión de que nuestra profesión y los centros que atendemos se regulen en una nueva Ley propia de Bibliotecas, hecha con sensatez, consenso y con la colaboración de los profesionales desde el principio, es decir, todo lo que esta Ley no ha tenido.¿Quién pierde, además de nosotros? Al final, el de siempre. El ciudadano.
Esperamos que el futuro Reglamento que la desarrolle solucione, al menos en parte, todo lo que en este texto no se ha contemplado. Pero no puedo entristecerme al leer las ilusionantes intervenciones (pero lamentablemente ficticias) de nuestro compañero Mateo Gómez en su Congreso de papel, y luego compararlas con lo que en realidad se ha legislado».
Antonio Casado
La Sociedad General de Autores y Editores SGAE, se podrá volver a frotar las manos una vez más así como otras entidades de gestión. ¡Una pena!, porqué de nuevo es el ciudadano de a pie el que pierde.