Otra visión del «mal llamado» canon

Por Pedro Lopez Lopez

Tenemos el permiso de este autor para publicar el siguiente artí­culo en el blog, que escribió como respuesta a otro aparecido en el Diario Expansión (ed. impresa) y que firmaba el abogado «Luí­s Baz y Baz» (Elzaburu). Pedro nos comentaba que enviarí­a su artí­culo al Diario pero que le parecí­a difí­cil que lo publicasen («enviaré estas reflexiones a ‘Expansión’, pero francamente creo difí­cil que las publiquen»). Nosotros desde aquí­ hemos querido hacernos eco del mismo:

En relación al artí­culo de Luis Baz y Baz, publicado en el suplemento jurí­dico del periódico «Expansión», me gustarí­a hacer algunas consideraciones. Tras una cita de Borges (como si Borges respaldara sus argumentos; aunque en caso de que fuera así­, tampoco creo que sea para echar las campanas al vuelo: también Borges apoyó a Videla y a Pinochet), el autor comienza diciéndonos que «œel tema no es nuevo» y que «œuna vez más se cuestiona el mal llamado canon». La verdad es que los que estamos contra él quizás no hemos encontrado cuál es el término correcto. A mí­ no me importa que me ilustre algún entendido «“puede ser él mismo, naturalmente- sobre cuál es el término exacto para referirse a la exacción que nos ocupa. Lo que sí­ tengo claro es que el tema es totalmente nuevo en nuestro paí­s: nunca una biblioteca ha sido gravada por prestar libro. Es así­ de sencillo. El tema ES nuevo en nuestro paí­s.

El señor Baz nos manifiesta su más absoluta perplejidad por la actitud de los que nos oponemos a esta medida novedosa (por mucho que él diga que no lo es). Yo no entiendo de dónde proviene su perplejidad, pero sí­ me sorprende que esté tan perplejo. A mí­ no me provoca ninguna perplejidad leer sus argumentos, y los comprendo, ya que el señor Baz es abogado de un bufete que defiende el actual modelo de propiedad industrial e intelectual, modelo que desde los imovimientos sociales y desde multitud de ONG está radicalmente cuestionado (véase el ruido mediático que han provocado algunos casos de patentes en el ámbito farmacéutico, en las que hemos visto obscenamente defender a través de la propiedad industrial/intelectual sus intereses a las industrias farmacéuticas, con su cohorte de superabogados a la cabeza, frente a no importa cuáles costes sociales en términos de enfermedad y de vidas humanas).

Más adelante manifiesta una sorpresa «œtodaví­a mayor» comprobando que todo proviene de una directiva del año 1992, «œy no de las presiones o caprichos de las entidades de gestión». Caramba, esto es como tener un elefante delante y no verlo: claro, hay que estar ciego. ¿Por qué habremos estado «œdelinquiendo» quince años en este paí­s, teniendo a superabogados como él que nos lo podí­an haber explicado. ¿Por qué han tardado tanto en reaccionar? Si el asunto está tan claro, ¿por qué seremos tan zoquetes los que no lo entendemos? ¿Habrí­a que incluir en esta categorí­a no sólo a mí­, que no tengo ningún problema en reconocer mi zoqueterí­a en estos asuntos, sino al mismí­simo rector de la Universidad Complutense, catedrático de Economí­a y decano de la Facultad de Económicas durante catorce años? ¿Habrí­a que incluir aquí­ también al premio Nobel José Saramago, eminente autor? ¿Habrí­a que incluir también a decenas de escritores que apoyan este movimiento? ¿Cómo es que no se dejan convencer por las entidades de gestión y sus brillantes abogados?

Pero no me gusta recurrir exclusivamente a argumentos de autoridad. La cuestión, señor Baz, es que la lógica de los servicios públicos es una y la lógica mercantil es otra. Y muchos ciudadanos no queremos que la lógica mercantil entre en los servicios públicos, ya que éstos son un mecanismo de corrección de los graves desequilibrios e injusticias que produce el mercado. ¿Sabe por qué pasan hambre y por qué no tienen acceso a la educación y a la cultura cientos de millones de personas en todo el mundo? Por una lógica económica defendida a capa y espada por bufetes de abogados que asesoran a los grandes poderes económicos y que va derribando los servicios públicos para proteger al «œmercado», sean cuales sean los costes sociales. Y estos costes, señor Baz, son vidas humanas en millones de casos, y vidas en la más absoluta miseria y desesperanza para millones y millones de personas.

Por último, señor Baz, le diré que, como autor que también soy, no he dado ni daré permiso a nadie para recaudar dinero en mi nombre, ni por fotocopias ni por préstamo de libros ni de artí­culos de mi autorí­a.

Ustedes sigan defendiendo lo suyo, pero no simulen que no nos comprenden.

Pedro López López